| 28 de Diciembre 2004 Ámbito Financiero – Página 9. |
| En nuestro país, la ideología y el populismo han sido los más encarnizados enemigos de los servicios públicos y de la infraestructura. En efecto, muchos políticos prefieren mantener «infraestructura y servicios públicos baratos», sin molestar a los consumidores con incómodas tarifas, con lo cual ganan popularidad y fortalecen su poder. Este comportamiento conduce al atraso espiritual y económico. En algún momento de lucidez la tendencia se revierte, se aceptan los costos políticos, desarrollando la infraestructura y los servicios públicos. Este debate ha sido permanente en nuestra sociedad y hoy asistimos a un nuevo capítulo del mismo. La «Pampa Húmeda», principal actora de nuestras exportaciones, era un desierto hasta mediados del siglo XIX. Ferrocarriles, caminos, canales, comunicaciones y puertos, transformaron «el desierto» de Martín Fierro en la pampa húmeda moderna. El acceso norte a la ciudad de Buenos Aires, postergada desde la época del presidente Frondizi generó, inversiones asociadas del sector privado por más de cuatro mil millones de dólares, diez veces lo que costó la obra. Modelo exitoso La generación del 37 forjó nuestro país sobre la base de pocas ideas simples y sólidas: capitalismo, inmigración, educación e infraestructura, esta última asignada al capital privado, con un desarrollo en la primera mitad del siglo veinte muy superior al de cualquier país de Latinoamérica. Este modelo tuvo un éxito inusual: contribuyó a que Argentina se ubicara en producción per capita en uno de los primeros lugares del mundo. Pese al éxito obtenido, por pura ideología. Desde los’ 50 a los ’90 se estatizan la infraestructura y los servicios públicos, iniciando un período signado por una gran desinversión, por tarifas políticas que no contemplaban la expansión de los servicios públicos ni la amortización y mantenimiento del capital subsidiándolos con inflación. El populismo tarifario arrasó a las empresas. Los servicios públicos se convirtieron en un modelo de ineptitud, en promotores de inflación (decisivos en las hiperinflaciones de 1989 y 1990), y en una rémora para el desenvolvimiento de toda la economía. Después de las hiperinflaciones de 1989/90, el Congreso decidió privatizar los servicios públicos: apresuradamente, concentrando excesivamente a veces algunos servicios, casi sin participación del capital local, formando mega unidades de negocios ciclópeas que no podían ser afrontadas por inversores nacionales, extranjerizando casi todo, con errores conceptuales graves. Todas estas críticas pueden hacerse al proceso de privatización. Sin embargo, lo único que jamás puede ni debe intentarse es volver atrás. Los servicios públicos explotados por el sector privado son y deben seguir siendo una política de estado de la Argentina. Con motivo de la crisis desatada hacia mediados de 2001, se dictó la ley de emergencia económica, que estableció la obligación de reestructurar los contratos de servicios públicos en un plazo de 120 días. Mientras tanto, durante ese plazo, los contratos quedaron profundamente desequilibrados con tarifas congeladas, mantenimiento de los niveles de servicio, crecimiento del costo de explotación igual a la inflación y aumento del costo financiero. Este desequilibrio era tolerable, durante un plazo de 120 días. Pero ese plazo se ha prorrogado, durante 3 años desde que se declarara la emergencia económica, los contratos no han sido renegociados y siguen en desequilibrio, disminuyendo drásticamente las inversiones. Esta situación perjudica mucho más a las pocas empresas nacionales, que a sus pares extranjeras. Las empresas nacionales no tienen acceso a tribunales arbitrales, ni respaldo de grandes países que se preocupan de su destino. La propaganda populista dice que si se reestructuran los contratos se generará inflación, se discriminará a quienes no puedan pagar y se incrementará la marginación. No es cierto. No existe ningún motivo jurídico ni económico para mantener a un grupo de empresas en un angustioso estado de emergencia económica, que ya ha cesado para casi todas las demás actividades, que se encuentran normalizadas: la Argentina podrá continuar con su incumplimiento de la ley de emergencia por un tiempo reducido; cuando no quede nada, no contará con servicios suficientes para comunicarse, calentar, enfriar, transportar o cargar, ni con bancos para financiar. Todos sabemos de las graves dificultades que tiene la inversión en nuestro país, en medio del default y con un tipo de cambio sobrevaluado y por ello inestable, la antigua y reciente historia de la inseguridad jurídica, la emergencia como modo de vida, etc. Aún en este marco de dificultades, si se realiza una renegociación dinámica y abierta de los contratos de servicios públicos, existen enormes oportunidades de inversión. En lugar de postergar, la renegociación que la ley manda se debe entrar de lleno en la cuestión, mediante la compensación de la ecuación económico-financiera del servicio, y su valor contractual, buscando el menor impacto posible sobre las tarifas y permitiendo planes de inversión que amplíen el servicio público prestado. |