| 5 de Agosto 2005 Ámbito Financiero – Página 4. |
| En las últimas semanas, se conoció una serie de anuncios sobre supuestas renuncias de empresas extranjeras a mantener sus litigios en el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, conocido como CIADI, junto con un eventual contrato con el estudio más importante de Chicago para defender los intereses de la Argentina en esa jurisdicción. Existe una gran cantidad de contratos de servicios públicos sin renegociar o con renegociaciones incompletas o parciales. La mayoría de las renegociaciones a las que se ha arribado es con empresas de servicios públicos de accionistas internacionales, que tienen la capacidad de litigar ante tribunales arbitrales fuera de la jurisdicción argentina, donde se le exige al gobierno que cumpla con la ley, lejos del canto de sirena de las tentaciones populistas y de los desvíos legales argentinos de los últimos años. De otra manera, nadie hubiera iniciado juicios muy costosos. La ley de emergencia ordena la renegociación de los contratos con pautas objetivas, e implica el mantenimiento de su ecuación económico-financiera, sin perjuicio de compatibilizarlos con la nueva situación económica posterior a Enero de 2002. La morosidad del gobierno en cumplir con la ley de emergencia ha provocado distintas consecuencias, todas negativas. La primera de ellas es la caída de las reservas de hidrocarburos, provocando una crisis energética en un sistema que por primera vez en décadas funcionaba adecuadamente, con precios internacionales competitivos. Desmejoramiento Pero en términos generales se ha desmejorado notoriamente la calidad de los servicios públicos. Cabe aclarar que las empresas de servicios públicos nunca exigieron triplicar el valor de los servicios -ya que nadie podría pagarlos-sino adecuar los plazos de las concesiones y las obligaciones futuras de inversión a la nueva realidad. No son compatibles las posibilidades de cerveza y los gustos de champagne al mismo tiempo: la Declaración de los Derechos del Hombre es un objetivo de la sociedad toda, pero no funciona si se la confunde con economía. La mayoría de las empresas no han renegociado sus contratos y se encuentran en situaciones financieras complicadas. Aquí corresponde distinguir dos situaciones, la de las empresas internacionales que en general están sostenidas por sus empresas holding, y la de las empresas nacionales cuya situación es gravísima, ya que en nuestro sistema económico no existen ni bancos ni instituciones que puedan ayudar a soportar el impacto de la devaluación en las tarifas frente al fuerte incremento de costos. Una vez más son los propios argentinos que han creído en el país los primeros castigados por nuestro «salvajismo jurídico». Renegociaciones También hay que reconocer que se han realizado algunas pocas renegociaciones, algunas de ellas inmediatamente después de que se vendieran las tenencias de los accionistas originales que normalmente eran operadores calificados, a compradores que no exhiben semejantes calificaciones técnicas. Nuestro país tiene un pasivo contingente del orden de los 20.000 millones de dólares del cual deberá hacerse cargo tarde o temprano, más allá de las bravatas de los políticos. Pero lo más importante para la sociedad es el verdadero horizonte de incertidumbre que se plantea respecto de los servicios públicos argentinos. La correlación entre servicios públicos y crecimiento económico es de un sorprendente paralelismo en la Argentina. En efecto, los servicios públicos son un condicionante básico del crecimiento económico de las sociedades. Nuestro país no creció en su PBI per capita desde 1960, entre otros motivos importantes porque tampoco crecieron sus servicios públicos, que permanecieron durante 40 años casi sin inversión. La soja crece, pero se transforma en bienes cuando existen energía y caminos para cosechar, transportar y procesar. Hubiera sido deseable que ante la crisis económica que estalló en Enero de 2002 se hubiese reaccionado con la prontitud que imponía los plazos de la Ley de Emergencia Económica (seis meses), restableciéndose las ecuaciones contractuales de los servicios públicos, pero se eligió otro camino que implica prolongar la emergencia durante tres años. |