10 de Diciembre 2003 Ámbito Financiero – Página 9. |
En los últimos años, nuestro derecho público ha cesado de ser una garantía de los derechos individuales, en virtud de normas erróneas dictadas por los sucesivos gobiernos. La nueva administración cuenta con todas las posibilidades de corregir este desvío que, como se verá, atenta tanto contra la transparencia como contra la inversión y el desarrollo económico. Se afirma que el derecho es una necesidad de los débiles. Los poderosos no necesitan del derecho, porque, por el mero ejercicio de su poder, obtienen lo que consideran justo. Pero, los débiles, que no tienen poder para obtener justicia, necesitan de la existencia y vigencia de reglas a las que toda la sociedad está sometida. El derecho es su única garantía. El Estado moderno es un Estado sometido a la ley, lo cual es presupuesto esencial de la sociedad moderna capitalista. Esto es imprescindible porque el Estado es el sujeto más poderoso de la sociedad. Si no está sometido a la ley, su enorme poder sin límites lo convierte en un dictador imprevisible. La sociedad capitalista implica una liberación de todas las posibilidades individuales y sociales, en todos los órdenes de la actividad humana. Implica también la acumulación del capital, mediante el ahorro y la inversión en empresas y la consecuente generación de empleo y bienestar. Pero todo ello está condicionado a que el Estado sea previsible y esté sujeto a la ley. Nadie ahorra ni invierte, cuando el más poderoso de la sociedad es imprevisible, porque puede hacer lo que quiere. Desafíos El imperio del derecho sobre el Estado ha sido uno de los grandes desafíos del derecho de Occidente, desafío que se cumplió paulatina y progresivamente durante todo el siglo XIX y XX bajo la consigna del «rule of law». Nuestro país, en esta cuestión, siguió una evolución similar, que culmina con la consagración en un derecho administrativo respetuoso de los derechos individuales. Sin embargo, a fines del siglo XX, comienza desde el Poder Ejecutivo, acompañado por el Congreso y el Poder Judicial, una tendencia restrictiva de los derechos individuales frente al Estado, que se ha ido profundizando, hasta convertir nuestro derecho público en un derecho público autoritario. Nuestro derecho público es hoy incapaz de sujetar al Estado y, por eso, inútil para defender a los particulares. A esto ha contribuido decisivamente la frivolidad de nuestra política que, desde todos los bandos, ha formulado críticas al gobierno de turno y a los jueces, cuando se reconocían los derechos de un particular frente al Estado, generando suspicacias, con el objeto de desprestigiar al rival político con sospechas de corrupción. Se ha generado así en la opinión pública, la convicción de que los litigios con el Estado siempre esconden algo corrupto, que el Estado está mal defendido y que cualquier recurso es válido, para salvarlo de los ataques supuestamente inmorales, de quienes litigan contra él. Sistemáticamente, se investiga a los funcionarios, que recomiendan o deciden hacer lugar a los derechos de los particulares. Mientras tanto, la negativa a tales derechos jamás es analizada, aunque sea totalmente infundada o carezca de sustento serio y termine costando sumas mucho mayores. Amparados por esta insólita teoría, en la que el derecho se pone al servicio del más poderoso (el Estado), se ha ido sancionando un sinnúmero de normas inconstitucionales, que han transformado al Estado argentino en un gigante invulnerable. El sometimiento del Estado a la ley ha disminuido hasta límites peligrosos, y los individuos se encuentran permanentemente sujetos a sus imprevisibles cambios de humor y de opinión. Bastan, como ejemplo, las sucesivas declaraciones de emergencia administrativa, económica y financiera que se han sancionado a la fecha y que han durado casi tanto como la democracia. Se perdió la estabilidad de los actos administrativos, que pueden cambiar caprichosamente, aunque hayan generado derechos individuales. Las decisiones administrativas carecen de las características de la «cosa juzgada», y los resultados del proceso administrativo y judicial han quedado sujetos a la opinión de los organismos de control del Poder Ejecutivo. Los jueces toleran o aceptan este control inconstitucional. Los juicios contra el Estado son inútiles para obtener justicia, porque las sentencias son meramente declarativas. Se ha consagrado la inembargabilidad del Estado que, en tal condición, paga casi cuando quiere. Además, en la mayoría de los casos, como si fuera un verdadero castigo por haber ejercitado el derecho constitucional de defensa, la deuda derivada de un proceso administrativo o judicial se consolida y se paga en bonos de plazos que exceden los 15 años. Como resultado de lo expuesto, el valor de los derechos individuales frente al Estado argentino ha disminuido notoriamente. Correlativamente, el Estado ha aumentado su órbita de poder y es capaz de adoptar conductas que pueden perjudicar a los particulares, sin que éstos logren obtener compensación alguna o bien que la compensación sea ilusoria, por el tiempo que demora y la moneda de pago. El «principio de caja» ha sustituido al principio de justicia. Así las cosas, con un Estado con poderes especiales que ningún particular puede controlar, es difícil que se desarrollen el ahorro y la inversión, palancas de la sociedad capitalista. Transparencia Pero esto no es todo. Lo más grave es que esto se hace en nombre de la transparencia y de la honestidad de los procedimientos. Lo que sucede, en realidad, es que involuntariamente se ha articulado un mecanismo que favorece la corrupción en contra de lo esperado. En efecto, con una opinión pública que piensa que acceder al reclamo de un particular es poco menos que pecaminoso, y bloqueados todos los caminos para obtener justicia por una muralla inexpugnable, de normas irritantemente injustas, los particulares buscan «justicia por mano propia». Nadie está dispuesto a perder su patrimonio o su empresa a manos de un Estado injusto, que todo lo niega y que es invulnerable al derecho. En tal situación, siempre aparecerá el que haga justicia a cambio de alguna contraprestación. En marcha la «justicia por mano propia», difícil es distinguir lo justo de lo injusto, la extrema necesidad y la oportunidad de negocios. La mayor garantía de un Estado transparente es la certeza de los particulares de que su derecho será respetado en procedimientos rápidos, justos y efectivos. Si esto es así, la «justicia por mano propia» desaparece instantáneamente, porque todos prefieren los procedimientos transparentes. |