| 14 de Enero 2005 Ámbito Financiero – Página 23. |
| Sr. Director: El 29 de diciembre, el Ministro de Justicia publicó en su estimado diario un artículo sobre «Que debe cambiarse de los tribunales internacionales». El Ministro celebra que el Senado haya dado curso a un proyecto para modificar los tratados que rigen a los Tribunales Internacionales de Arbitraje. El autor se queja de la «insensibilidad del régimen arbitral internacional» que «avaló la estrategia a dos puntas» de las empresas, que «por un lado renegocian sus contratos con el gobierno y por el otro demandan ante los tribunales CIADI». Propone para remediar estos problemas: 1) Que los Tribunales de arbitraje causen jurisprudencia, de modo que puedan invocarse sus precedentes y 2) Que dichos tribunales puedan actuar solamente cuando la vía local haya sido agotada. No es éste el lugar para discutir estructuras jurídicas relativas al arbitraje. Dejo constancia de que no comparto las ideas del Dr. Rosatti, que empeorarían notoriamente el funcionamiento de los tribunales arbitrales. Es oportuno, en cambio, hacer algunas referencias a la realidad, que siempre es útil. En mi artículo «No renegociar contratos afecta más a empresas de capital argentino», publicado en Ambito Financiero el 28 de diciembre, destaqué que nuestro Estado, que por la ley de emergencia debía renegociar los servicios públicos en 120 días, ha prorrogado el plazo durante tres años, sin que nada se haya avanzado en la renegociación de casi ninguno de los casos. Durante tres años, los contratos han permanecido en un angustioso desequilibrio económico, sin que se note la mas mínima voluntad del Ejecutivo de cumplir con la ley de emergencia y reestructurarlos de acuerdo a sus mandamientos. Todas las empresas están gravemente afectadas, las nacionales aún más y también la sociedad, puesto que se están perdiendo oportunidades de inversión y se atrasa el desarrollo de nuestros servicios públicos, vitales para el crecimiento económico y la inclusión social. En la situación real que señalamos, de flagrante incumplimiento y la postergación sistemática de la ley de emergencia por parte del PEN, parece por los menos poco atinado -casi atrevido-, que propongamos reformas a los tratados de arbitraje y que el Sr. Ministro se queje de «una estrategia a dos puntas». No nos quejemos mas de tener que cumplir con la ley, no propongamos reformas, concentrémonos en renegociar honesta y cabalmente los contratos de servicios públicos como la ley manda. Recuperemos así no solo inversiones y prosperidad, sino -por encima de todo- el respeto y la autoridad moral perdida. Desde hace cincuenta años, el Estado argentino se colocó por encima del derecho, como un monarca absoluto. La «emergencia económica permanente» le ha permitido confiscar de todo y a todos, por la razón que fuere. Por una vez, sorprendamos a los argentinos y al mundo. Hagamos que el Estado Argentino cumpla con la ley. |